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La crisis bancaria del Líbano transformó mucho más que los balances bancarios; transformó la naturaleza misma de los depósitos bancarios — ALEF
La crisis bancaria del Líbano transformó mucho más que los balances bancarios; transformó la naturaleza misma de los depósitos bancarios
Mohammad Ibrahim Fheili
Ejecutivo Residente en la Escuela de Negocios Suliman S. Olayan (OSB) de la Universidad Americana de Beirut (AUB) y Experto en Fortalecimiento de Capacidades
Publicado
12 de julio de 2026
Introducción: Una pregunta que los legisladores aún no han planteado
En el momento en que este documento entra en imprenta, las ramas ejecutiva y legislativa del Líbano finalmente han entrado en la habitación que evitaron durante casi siete años. Las sesiones del gabinete y los comités parlamentarios están debatiendo ahora borradores de leyes de resolución bancaria y de brecha financiera, sopesando fórmulas para asignar pérdidas entre el Estado, el Banque du Liban, los bancos comerciales, los accionistas y los depositantes. Después de años de parálisis, esto es progreso. También es, en su forma actual, un ejercicio construido sobre una suposición no examinada.
Cada borrador que circula en Beirut parte de la base de que la palabra "depósito" todavía significa lo que significaba en 2018: un derecho fungible, a la vista y a la par, idéntico en sustancia sin importar cuyo nombre figure en la cuenta. Los comités discuten sobre recortes (haircuts), umbrales y calendarios de pago escalonados. Discuten mucho menos sobre qué, exactamente, está siendo recortado, limitado o reembolsado. Ese silencio es el mayor riesgo para la legitimidad de cualquier ley que finalmente surja.
Este documento hace un llamamiento directo a quienes redactan actualmente las leyes de resolución bancaria y de brecha financiera del Líbano: definan el objeto antes de legislar sobre su destino. Una ley de reestructuración es, en esencia, un instrumento para reasignar un derecho. No puede reasignar responsablemente un derecho cuya descripción legal y sustancia económica han divergido silenciosamente, sin antes declarar cuál de las dos, la ficción legal o la realidad económica, pretende gobernar la ley. Saltar ese paso no simplifica la tarea. Solo pospone la disputa y la traslada de la legislatura a los tribunales, donde resurgirá como un litigio sobre si la ley expropió algo que un recibo de depósito de 2019 decía que nunca debería tener que sufrir.
La cuestión definitoria no es un tecnicismo académico; es el muro de carga de toda la arquitectura de resolución. Si los legisladores definen un depósito como el pasivo exigible que era antes de 2019, entonces cualquier recorte es una expropiación, y debe ser justificado, y probablemente indemnizado, como tal. Si en cambio reconocen lo que documenta este documento, que años de circulares del BDL ya reclasificaron los depósitos en derechos económicamente heterogéneos con perfiles de liquidez, acceso y recuperación divergentes, entonces la tarea de la ley cambia. Ya no se trata de inventar una asignación de pérdidas desde cero; se trata de formalizar, de manera transparente y equitativa, una estratificación que la práctica administrativa ya ha impuesto informalmente. Estas no son diferencias cosméticas. Conducen a fórmulas diferentes, defensas legales diferentes y niveles diferentes de aceptación pública.
Fin del despacho
Una ley de brecha que asigna pérdidas sin definir primero, de manera clara, objetiva y en el texto de la ley misma, qué es un depósito en el momento en que la ley entra en vigor, no está resolviendo la crisis bancaria del Líbano. Está redactando la siguiente, en forma de una década de litigios sobre un término que nunca se molestó en especificar. Los legisladores no necesitan aceptar el marco de este documento para tomarse en serio el punto subyacente. Solo necesitan aceptar que "depósito" ya no es una palabra evidente, y que legislar al respecto sin decirlo no es neutralidad. Es una elección, hecha por defecto, que no sobrevivirá al primer contacto con una sala de audiencias.
El resto de este documento establece por qué surgió esa pregunta definitoria en primer lugar y qué requeriría responderla honestamente.
Durante casi siete años, el colapso financiero del Líbano se ha descrito a través de un vocabulario familiar. Los analistas han debatido sobre el tamaño de la brecha financiera, la distribución de las pérdidas, la responsabilidad del Estado, el papel del Banque du Liban (BDL – Banco Central del Líbano), la conducta de los bancos comerciales, los derechos de los depositantes y las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos debates han producido miles de páginas de informes, documentos de política y argumentos políticos. Sin embargo, han pasado por alto en gran medida una pregunta más fundamental. ¿Qué pasó con el depósito bancario en sí? Esta no es simplemente una investigación legal o filosófica. Se encuentra en el corazón mismo de la comprensión de la crisis bancaria del Líbano.
El debate público ha estado dominado por preguntas como: ¿A dónde fueron los depósitos? ¿Quién debería asumir las pérdidas? ¿Deberían los depositantes aceptar un recorte? Estas son, sin duda, preguntas importantes. Pero todas comienzan con la suposición implícita de que el instrumento financiero que seguimos llamando "depósito bancario" permaneció igual durante toda la crisis; ciertamente no fue así. Ese puede ser el aspecto más pasado por alto del colapso financiero del Líbano.
Legalmente, los depósitos nunca desaparecieron. Los bancos comerciales siguen reconociéndolos como pasivos en sus balances. Los depositantes siguen recibiendo estados de cuenta que muestran saldos que difieren poco de los registrados antes de la crisis. Desde una perspectiva contractual, los depósitos siguen existiendo. Económicamente, sin embargo, se convirtieron en algo completamente diferente.
Un depósito bancario convencional es uno de los instrumentos más simples y confiables de las finanzas modernas. Se espera que sea inmediatamente accesible, pagadero a la par, libremente transferible y aceptado como dinero para prácticamente cualquier transacción económica. Su valor no solo descansa en el monto registrado en una cuenta, sino también en la confianza de que se puede acceder a los fondos siempre que sea necesario. Esa confianza ha desaparecido en gran medida.
Desde finales de 2019, millones de depositantes libaneses descubrieron que sus depósitos ya no poseen las características que definen tradicionalmente un depósito a la vista porque el acceso se ha vuelto condicional; la liquidez se ha vuelto escasa, el reembolso se ha vuelto incierto y el poder adquisitivo ha sido erosionado por múltiples regímenes de tipos de cambio, la inflación y prolongadas restricciones administrativas. Lo que alguna vez funcionó como dinero se comporta cada vez más como un derecho financiero en dificultades cuyo valor depende de una recuperación futura incierta en lugar de una disponibilidad inmediata; esta distinción cambia la forma en que deberíamos pensar sobre la crisis.
La narrativa dominante ha retratado el colapso bancario del Líbano como una historia de desaparición de riqueza. Una descripción más precisa es que la identidad económica de los depósitos cambió gradualmente mientras que su identidad legal permaneció prácticamente intacta. Los depositantes no simplemente perdieron el acceso a su dinero; se encontraron poseyendo derechos financieros cuyas características económicas habían sido fundamentalmente transformadas sin ninguna ley de reestructuración integral o resolución bancaria formal.
Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue producto de una sola decisión política. Surgió gradualmente a través de la interacción de la mora soberana, la fragilidad del banco central, la escasez de liquidez, la fragmentación de los tipos de cambio y las sucesivas intervenciones regulatorias diseñadas para gestionar un sistema bancario que operaba en condiciones de insolvencia funcional. Para cuando los responsables de las políticas comenzaron a debatir la reestructuración bancaria, los depósitos que buscaban reestructurar ya no eran los mismos instrumentos financieros que existían antes de la crisis.
Reconocer esta realidad es más que un ejercicio académico. Cambia la forma en que evaluamos las pérdidas de los depositantes, cómo evaluamos las propuestas de resolución bancaria y cómo asignamos la responsabilidad entre el Estado, el banco central, los bancos comerciales, los accionistas y los propios depositantes. Lo más importante es que nos obliga a hacer una pregunta diferente. En lugar de preguntar solo quién debería asumir las pérdidas, primero debemos entender cómo se transformaron los propios depósitos mucho antes de que esas pérdidas fueran reconocidas formalmente. Solo entonces podremos comenzar a diseñar una recuperación bancaria que refleje la realidad económica en lugar de la ficción contable.
Los depósitos nunca fueron dinero. Siempre fueron derechos financieros. Uno de los mayores conceptos erróneos de la banca moderna es también una de sus mayores fortalezas. La mayoría de la gente cree que cuando depositan dinero en un banco, el banco simplemente lo almacena hasta que deciden retirarlo. El lenguaje que usamos refuerza esta percepción. Hablamos de "mi dinero en el banco" como si el banco simplemente proporcionara una bóveda segura. Así no es como funciona la banca moderna.
Legalmente, en el momento en que se depositan los fondos en el banco, la propiedad del efectivo se transfiere al banco. El depositante ya no posee los billetes específicos que cruzaron el mostrador. En cambio, el depositante adquiere algo diferente: un derecho contractual contra el banco para el reembolso de una cantidad equivalente. Esta distinción puede parecer técnica, pero se encuentra en la base de todo sistema bancario moderno.
Los bancos no salvaguardan el efectivo depositado de forma aislada. Lo transforman. Los depósitos financian hipotecas, préstamos comerciales, valores gubernamentales, financiación del comercio y un sinfín de otras actividades económicas. También apoyan el sistema de pagos que permite que las economías funcionen de manera eficiente. A cambio, los depositantes reciben una promesa no garantizada de que el banco les pagará a la vista. Esa promesa normalmente funciona porque la sociedad tiene confianza en las instituciones que la respaldan.
Los bancos comerciales están sujetos a regulación prudencial. Los bancos centrales están listos para proporcionar liquidez de emergencia en circunstancias excepcionales. Los sistemas de seguro de depósitos protegen a los depositantes más pequeños en muchas jurisdicciones. Los requisitos de capital, los estándares de liquidez y la supervisión existen para reforzar una expectativa simple: que un depósito bancario pueda tratarse como el equivalente funcional del dinero.
Durante generaciones, este arreglo ha funcionado notablemente bien. La confianza se volvió tan profundamente arraigada que pocos depositantes se detuvieron a considerar la realidad legal subyacente a sus cuentas. La banca funciona porque la gente confía en las promesas. La importancia de esa confianza se vuelve aparente solo cuando desaparece.
Cada crisis bancaria importante en la historia ha revelado la misma verdad subyacente. Un depósito bancario no es dinero en el sentido físico. Es un derecho financiero cuyo valor depende de la capacidad de la institución, y en última instancia de la capacidad del sistema financiero, para cumplir esa promesa. Normalmente, la distinción es invisible, y durante las crisis sistémicas, se convierte en todo. Esto es precisamente lo que se desarrolló en el Líbano.
A medida que la confianza en el sistema bancario comenzó a erosionarse a finales de 2019, los depositantes encontraron primero lo que parecían restricciones operativas temporales tales como: aparecieron límites de retiro, las transferencias al exterior se volvieron más difíciles de ejecutar y las aprobaciones administrativas se multiplicaron, donde cada medida de esas fue presentada por los responsables políticos como una respuesta excepcional a circunstancias extraordinarias; una descripción que resultaría mucho más duradera que las circunstancias mismas. Pero las crisis sistémicas tienen una forma de transformar medidas temporales en realidades estructurales.
A medida que la liquidez continuó deteriorándose, las características que habían hecho que los depósitos funcionaran como dinero desaparecieron gradualmente como resultado de una serie de medidas: el acceso inmediato se volvió condicional; la plena convertibilidad se volvió incierta; la certeza del reembolso se debilitó; y el tiempo mismo se convirtió en un instrumento de ajuste mientras los depositantes esperaban meses y luego años sin saber cuándo o bajo qué condiciones recuperarían el acceso irrestricto a sus ahorros. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el contrato legal entre el banco y el depositante permaneció prácticamente intacto. La economía de ese contrato no.
Esta distinción ayuda a explicar por qué muchos observadores han luchado por entender la crisis libanesa. Continuaron analizando los depósitos como si fueran pasivos a la vista ordinarios mientras que sus características económicas ya habían comenzado a parecerse a las de activos financieros en dificultades.
Los mercados financieros valoran rutinariamente los bonos, préstamos y otros derechos de acuerdo con la recuperación esperada en lugar de solo las promesas contractuales. Un bono corporativo emitido por una empresa en dificultades financieras puede conservar su valor nominal legal completo mientras se negocia con un descuento sustancial porque los inversores dudan de si el emisor puede cumplir con sus obligaciones. La misma lógica se aplica a la deuda soberana. Los gobiernos pueden seguir reconociendo sus obligaciones en su totalidad, sin embargo, los mercados fijan el precio de esos derechos de acuerdo con el pago esperado, el momento y el riesgo.
La crisis bancaria del Líbano extendió esa misma lógica a los depósitos bancarios ordinarios. Sin ninguna ley de reestructuración formal, millones de depósitos dejaron gradualmente de ser valorados únicamente por sus saldos nominales. Su valor económico dependía cada vez más de la liquidez, la accesibilidad, la incertidumbre del reembolso, el tratamiento del tipo de cambio y la confianza en los balances interconectados de los bancos comerciales, el Banque du Liban y, en última instancia, el Estado libanés. En otras palabras, los depósitos no desaparecieron; fueron revalorizados. Reconocer este cambio es esencial porque cambia el punto de partida mismo del debate. Si los depósitos ya habían evolucionado hacia derechos financieros en dificultades, entonces las propuestas para reestructurar los depósitos no estaban abordando instrumentos financieros sin cambios; estaban tratando de resolver derechos que ya habían experimentado años de silenciosa transformación económica.
El Líbano no solo congeló los depósitos. Los reclasificó silenciosamente.
Si los depósitos se transformaron gradualmente en derechos financieros, surge naturalmente otra pregunta: ¿eran todos esos derechos todavía los mismos? Legalmente, la respuesta es en gran medida sí. Un depósito en dólares estadounidenses siguió siendo un depósito en dólares estadounidenses. Los bancos continuaron reconociendo sus obligaciones. Ninguna ley dividió formalmente a los depositantes en diferentes clases legales. Económicamente, sin embargo, estaba ocurriendo algo muy diferente. Imagine a dos depositantes libaneses que tenían cada uno 500.000 USD antes de la crisis. Sobre el papel, sus derechos parecían idénticos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los derechos prácticos vinculados a esos depósitos divergieron cada vez más. Un depositante podría haber obtenido acceso a fondos frescos transferidos después de la crisis (Circular Básica 150 y 165 del BDL); otro permaneció confinado a saldos heredados sujetos a techos de retiro (Circulares Básicas 151 y 166 del BDL), aprobaciones administrativas y mecanismos de conversión de tipos de cambio. Un tercero podría haber calificado para un trato preferencial bajo una circular específica del BDL (principalmente las Circulares Básicas 157, 158, 161 u otros arreglos), una plataforma de tipo de cambio más favorable, una exención de retiro médico o educativo no disponible para otros que poseían el mismo saldo nominal. La obligación contractual permaneció sin cambios. La experiencia económica no.
Esta transformación no fue el resultado de una sola ley o de una decisión política dramática. Surgió gradualmente a través de sucesivas circulares regulatorias emitidas por el Banque du Liban. Cada circular se introdujo para abordar un desafío operativo inmediato: preservar la escasa liquidez en moneda extranjera, gestionar las presiones de pago o mantener el funcionamiento de un sistema bancario cada vez más frágil. Vistas individualmente, estas medidas parecían temporales y técnicas. Sin embargo, cuando se ven colectivamente, lograron algo mucho más profundo.
Diferenciaron progresivamente los depósitos de acuerdo con sus características económicas prácticas, de modo que la liquidez, la accesibilidad y la transferibilidad ya no significaban lo mismo de una cuenta a otra. El tratamiento del tipo de cambio variaba según la circular que se aplicara. Los plazos de recuperación esperados divergían. El poder adquisitivo se erosionó a diferentes tasas dependiendo de cómo y cuándo se podía acceder a los fondos. En efecto, los depósitos que permanecieron legalmente homogéneos se volvieron económicamente heterogéneos. Describo este fenómeno como Tranchificación Implícita de Depósitos.
El término toma prestado intencionalmente el lenguaje de las finanzas estructuradas, pero solo como una metáfora analítica. En las finanzas estructuradas, los valores se dividen intencionalmente en tramos contractuales antes de que los inversores los compren. Los inversores senior reciben a sabiendas mayor protección que los inversores junior, y la jerarquía se divulga completamente desde el principio; el Líbano siguió el camino opuesto. Los depositantes nunca eligieron diferentes categorías de depósitos. Todos entraron en la crisis manteniendo lo que creían razonablemente que eran depósitos a la vista ordinarios. Solo después de que el sistema bancario se volvió funcionalmente insolvente, las sucesivas medidas administrativas comenzaron a asignar diferentes características económicas a derechos que originalmente habían sido idénticos.
La jerarquía surgió después de la crisis, no antes. Más importante aún, surgió sin que el Parlamento promulgara una ley integral de resolución bancaria o redefiniera formalmente los derechos de los depositantes; lo que significa que la práctica administrativa logró lo que la legislación nunca declaró explícitamente.
Si los responsables políticos pretendían este resultado es, en última instancia, irrelevante; el efecto acumulativo fue inconfundible. El Líbano no solo gestionó una crisis de liquidez; remodeló silenciosamente la naturaleza económica de los propios depósitos bancarios.
Reconocer esta transformación ayuda a explicar por qué tantas propuestas de reestructuración han luchado por ganar legitimidad pública. A menudo trataban los depósitos como si hubieran permanecido económicamente sin cambios, cuando en realidad años de intervención regulatoria ya habían alterado su valor, liquidez, vencimiento y recuperación esperada.
Por lo tanto, comprender lo que les sucedió a los depósitos debe preceder a cualquier discusión significativa sobre lo que debería suceder con los bancos. La pérdida real no fue el recorte; fue la transformación.
El debate público ha girado durante mucho tiempo en torno al tamaño de la brecha financiera y cómo debería asignarse eventualmente entre el Estado, el Banque du Liban, los bancos comerciales, los accionistas y los depositantes. Sin embargo, este debate pasa por alto una pregunta igualmente importante. ¿Cómo se transmitieron esas pérdidas en primer lugar? La distinción es más que semántica; cambia la forma en que entendemos toda la crisis. Las pérdidas no se materializan repentinamente el día en que se aprueba una ley de reestructuración. Se acumulan gradualmente. Se propagan a través del sistema financiero mucho antes de ser reconocidas formalmente. Eso es precisamente lo que sucedió en el Líbano.
Los depositantes no esperaron un recorte oficial para experimentar pérdidas. Esas pérdidas llegaron a través de diferentes canales durante varios años: la inflación erosionó constantemente el poder adquisitivo; la fragmentación del tipo de cambio redujo el valor real de los retiros; y las restricciones de liquidez privaron a los depositantes de oportunidades para invertir, consumir, educar a sus hijos en el extranjero o preservar su riqueza. El tiempo mismo se convirtió en un mecanismo de ajuste financiero; descontando derechos que permanecieron legalmente intactos pero económicamente deteriorados. En efecto, los depositantes absorbieron partes significativas de la crisis antes de que nadie reconociera oficialmente que existían pérdidas. Esta distinción entre transmisión de pérdidas y asignación de pérdidas merece mucha más atención de la que ha recibido.
La transmisión de pérdidas describe los mecanismos económicos a través de los cuales la riqueza se redistribuye gradualmente durante una crisis sistémica. Sin embargo, la asignación de pérdidas se refiere a la decisión legal y política sobre quién debería asumir finalmente esas pérdidas. La primera a menudo precede a la segunda por años. Ignorar esta secuencia corre el riesgo de malinterpretar tanto la escala de las pérdidas de los depositantes como la equidad de cualquier reestructuración eventual. Un depositante que ya ha soportado años de inflación, acceso restringido a los ahorros, distorsiones en el tipo de cambio y oportunidades económicas perdidas ya ha absorbido una parte sustancial del ajuste incluso si no se ha producido ninguna reducción formal.
Los futuros marcos de reestructuración deben comenzar por reconocer esta realidad económica en lugar de suponer que el proceso de ajuste comienza solo cuando se promulga la legislación.
¿Por qué esto importa mucho más allá del Líbano? Sería tentador descartar la experiencia del Líbano como única, como consecuencia de una disfunción política excepcional, mora soberana y parálisis institucional. Eso sería un error. La lección más amplia se extiende mucho más allá del Líbano.
Las crisis financieras son cada vez más complejas; los gobiernos a menudo son reacios a declarar la insolvencia de los bancos; y la resolución se retrasa por razones políticas, fiscales o sociales. Además, los reguladores dependen cada vez más de medidas administrativas temporales para preservar la estabilidad financiera mientras evitan la reestructuración legal inmediata.
Dichas estrategias pueden evitar un colapso repentino. Pero también conllevan una consecuencia subestimada.
Con el tiempo, pueden transformar silenciosamente los instrumentos financieros que buscan proteger.
Esta posibilidad merece una mayor atención por parte de los bancos centrales, los supervisores financieros, las instituciones financieras internacionales y los responsables de las políticas responsables de diseñar futuros marcos de gestión de crisis. La resolución bancaria no puede centrarse exclusivamente en los balances y las jerarquías de acreedores legales. También debe reconocer cómo la intervención regulatoria prolongada puede remodelar las características económicas de los derechos financieros mucho antes de que comience la reestructuración formal.
Por lo tanto, el Líbano puede representar algo más que una tragedia nacional aislada. Puede ofrecer un estudio de caso temprano sobre cómo evolucionan las crisis bancarias sistémicas no resueltas cuando los gobiernos posponen una resolución integral mientras dependen de la gestión administrativa para preservar la continuidad institucional.
Conclusión
La banca moderna descansa sobre un contrato social notablemente simple. Los depositantes confían sus ahorros a las instituciones financieras porque creen que un depósito bancario representa dinero accesible de inmediato. Esa confianza sustenta los pagos, la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad financiera misma. La crisis bancaria del Líbano reveló cuán frágil puede volverse esa confianza.
La mayor transformación financiera del país no fue simplemente la desaparición de la liquidez, el colapso del tipo de cambio o la aparición de una brecha financiera masiva. Fue la transformación gradual de los depósitos de instrumentos monetarios confiables a derechos financieros inciertos cuyo valor dependía cada vez más de decisiones regulatorias, capacidad soberana y negociaciones políticas.
Esa transformación ocurrió silenciosamente. Se desarrolló sin una ley integral de resolución bancaria, sin una reclasificación explícita de los derechos de los depositantes y sin extinguir formalmente las obligaciones legales registradas en los balances bancarios. Sin embargo, alteró fundamentalmente la relación entre los ciudadanos y sus bancos.
Si hay una lección que los responsables políticos deberían llevar adelante de la experiencia del Líbano, es esta: restaurar la confianza requiere más que recapitalizar los bancos o equilibrar las cuentas públicas. La confianza no se puede reconstruir mientras los depósitos sigan comportándose como activos en dificultades en lugar de dinero.
Antes de asignar pérdidas, debemos entender cómo se transmitieron; antes de reestructurar los bancos, debemos reconocer cómo se transformaron los propios depósitos.
Solo entonces el Líbano, y cualquier país que enfrente una crisis bancaria sistémica prolongada, podrá esperar restaurar no solo la estabilidad financiera, sino también la confianza pública en la que finalmente depende todo sistema bancario.
