En el Líbano, afirmar que existe corrupción gubernamental en todos los niveles no requiere pruebas. Cada ciudadano lo sabe. Cada adulto lo vive. Millones lo expresaron durante el levantamiento de 2019, exigiendo rendición de cuentas. La comunidad internacional reconoce que "el Líbano es corrupto", pero en gran medida en términos abstractos. Transparencia Internacional clasifica 180 países según la percepción de corrupción en el sector público; en 2024, el Líbano ocupó el puesto 154, entre los 25 últimos del mundo. El Banco Mundial y el FMI piden regularmente reformas.
Lo que permanece insuficientemente abordado, o deliberadamente ignorado, son las prácticas concretas y de larga data de corrupción de la clase política libanesa: los mismos líderes que han dominado la vida pública durante décadas mientras se enriquecen a sí mismos, a sus familias y a sus redes a expensas del dinero público. En el Líbano, la pequeña corrupción en la base es una consecuencia directa de la gran corrupción arraigada en la cima.
Ya es hora de apuntar a la cima.
La recuperación de activos —la identificación, rastreo, congelación, incautación y devolución de activos robados por funcionarios públicos y transferidos al extranjero— se ha convertido en una prioridad global. El instrumento jurídico internacional central es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que establece un marco para la cooperación interestatal en la recuperación de activos.
Bajo la CNUCC, el Banco Mundial lanzó la Iniciativa StAR, y muchos países han promulgado leyes que permiten la congelación preventiva de activos propiedad de personas extranjeras políticamente expuestas, pendientes de procedimientos judiciales. Estados como Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido ya han establecido precedentes congelando activos de funcionarios extranjeros corruptos.
La CNUCC obliga a los estados signatarios a proporcionar asistencia legal mutua en la recopilación y transferencia de pruebas, y a apoyar el rastreo, congelación, incautación y confiscación de los productos de la corrupción. El Líbano, signatario desde 2008, está por lo tanto legalmente obligado —y nacionalmente comprometido— a buscar cooperación judicial internacional para recuperar los fondos públicos robados.
A pesar de las promesas repetidas, ningún gobierno libanés ha tomado medidas decisivas.
El 21 de octubre de 2019, la Asociación de Jueces Libaneses solicitó formalmente al Banco Central —específicamente a su Comité de Investigación Especial— imponer una congelación preventiva inmediata en las cuentas de todos los funcionarios públicos y sus asociados, pendiente de investigación. La solicitud también recordó al Comité su deber legal, bajo la Ley Libanesa contra el Lavado de Dinero (2015) y la CNUCC, de coordinarse con contrapartes extranjeras respecto a cuentas sospechosas mantenidas en el extranjero por personas políticamente expuestas.
El Banco Central no cumplió.
Conclusión
La solicitud de la Asociación de Jueces proporciona una base seria, creíble y jurídicamente sólida para un proceso integral de recuperación de activos, uno que apunte a todos los funcionarios políticos sin excepción ni selectividad.
El momento político actual es singularmente apropiado para tal acción. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam no provienen del establishment político tradicional que supervisó décadas de corrupción e impunidad. Precisamente porque son ajenos a ese sistema, están mejor posicionados que sus predecesores para actuar.
Las preocupaciones sobre la independencia judicial son reales pero no insuperables. Pueden abordarse mediante un acuerdo a nivel de tratado con las Naciones Unidas que establezca un mecanismo internacional independiente —combinando jueces y fiscales libaneses con expertos internacionales— para apoyar investigaciones y enjuiciamientos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ofrece un precedente probado, habiendo desmantelado redes criminales arraigadas y asegurado cientos de condenas, incluso contra altos funcionarios.
El Líbano ya cuenta con las herramientas legales necesarias, acceso a mecanismos internacionales y un núcleo de jueces competentes y valientes. Cualquier acción seria también gozaría de un apoyo popular abrumador. Después de años de colapso financiero y la destrucción de los ahorros, el pueblo libanés no solo está listo para la rendición de cuentas, la exige.
Lo que falta no es capacidad, legitimidad ni respaldo público. Es voluntad política. Es coraje.
La pregunta ya no es si el Líbano puede perseguir la recuperación de activos robados, sino si sus líderes elegirán hacerlo. ¿Aprovechará este gobierno esta oportunidad histórica para restaurar la confianza, mantener la rendición de cuentas y finalmente señalar —en casa y en el extranjero— que la era de la impunidad ha llegado a su fin? El tiempo lo dirá.