En el Líbano, afirmar que existe corrupción gubernamental en todos los niveles no requiere pruebas. Cada ciudadano lo sabe. Cada adulto lo vive. Millones lo expresaron durante el levantamiento de 2019, exigiendo rendición de cuentas. La comunidad internacional reconoce que "el Líbano es corrupto", pero en gran medida en términos abstractos. Transparencia Internacional clasifica 180 países según la percepción de corrupción en el sector público; en 2024, el Líbano ocupó el puesto 154, entre los 25 últimos del mundo. El Banco Mundial y el FMI piden regularmente reformas.
Lo que permanece insuficientemente abordado, o deliberadamente ignorado, son las prácticas concretas y de larga data de corrupción de la clase política libanesa: los mismos líderes que han dominado la vida pública durante décadas mientras se enriquecen a sí mismos, a sus familias y a sus redes a expensas del dinero público. En el Líbano, la pequeña corrupción en la base es una consecuencia directa de la gran corrupción arraigada en la cima.
Ya es hora de apuntar a la cima.
La recuperación de activos —la identificación, rastreo, congelación, incautación y devolución de activos robados por funcionarios públicos y transferidos al extranjero— se ha convertido en una prioridad global. El instrumento jurídico internacional central es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que establece un marco para la cooperación interestatal en la recuperación de activos.
Bajo la CNUCC, el Banco Mundial lanzó la Iniciativa StAR, y muchos países han promulgado leyes que permiten la congelación preventiva de activos propiedad de personas extranjeras políticamente expuestas, pendientes de procedimientos judiciales. Estados como Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido ya han establecido precedentes congelando activos de funcionarios extranjeros corruptos.
La CNUCC obliga a los estados signatarios a proporcionar asistencia legal mutua en la recopilación y transferencia de pruebas, y a apoyar el rastreo, congelación, incautación y confiscación de los productos de la corrupción. El Líbano, signatario desde 2008, está por lo tanto legalmente obligado —y nacionalmente comprometido— a buscar cooperación judicial internacional para recuperar los fondos públicos robados.
A pesar de las promesas repetidas, ningún gobierno libanés ha tomado medidas decisivas.
El 21 de octubre de 2019, la Asociación de Jueces Libaneses solicitó formalmente al Banco Central —específicamente a su Comité de Investigación Especial— imponer una congelación preventiva inmediata en las cuentas de todos los funcionarios públicos y sus asociados, pendiente de investigación. La solicitud también recordó al Comité su deber legal, bajo la Ley Libanesa contra el Lavado de Dinero (2015) y la CNUCC, de coordinarse con contrapartes extranjeras respecto a cuentas sospechosas mantenidas en el extranjero por personas políticamente expuestas.