La reanudación del bombardeo imprudente de territorios israelíes desde el sur del Líbano constituye una violación flagrante de las estipulaciones de la tregua impuesta internacionalmente y pone en riesgo la estabilidad del Líbano y su hipotética seguridad nacional. El tedioso juego de señalar a los culpables forma parte de una estratagema trillada cuyo objetivo es perpetuar el estado de incertidumbre, normalizar la arbitrariedad y culpar a Israel. No hay nada nuevo, y no podemos esperar algo mejor en esta etapa, ya que la insolvencia del nuevo gobierno está condenada al fracaso desde el principio. Las equivocaciones deliberadas, las anteojeras ideológicas, el desafío abierto de Hezbolá y la división generalizada del nuevo ejecutivo y su falta de cohesión explican el estado de volatilidad que prevalece en el país.
La debilidad del gobierno, la presidencia desorientada y la audacia de Hezbolá atestiguan la fragmentación del panorama político y la incapacidad del Estado para reconstruir su autonomía lejos de las hipotecas impuestas por él. Estos hechos fundamentales cuestionan la relevancia del gobierno y su capacidad para gestionar la política de transición, si es que alguna vez existe. Las inconsistencias inherentes a su formación y representación sesgada, las diferencias ideológicas y políticas y la ausencia de estipulaciones constitucionales para prevenir la parálisis autoinducida del poder ejecutivo son las características permanentes del régimen de Taif. Han sido impuestas e instrumentalizadas por los intermediarios del poder regional durante los últimos 35 años.
Sea cual sea el grupo militante que lanzó los cohetes, el gobierno libanés no puede trasladar la culpa y refugiarse detrás de la retórica habitual de externalización para justificar su irresponsabilidad e incapacidades sistémicas. Esta autoridad ejecutiva recién formada ha surgido tras un importante trastorno geoestratégico desencadenado por la contraofensiva israelí en todo el Cercano Oriente y la reorganización de las dinámicas políticas y estratégicas. La mediación internacional estuvo en el origen de la tregua que pretendía allanar el camino hacia una estabilización progresiva, condicionada a la toma de control por parte de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), la restauración de la soberanía libanesa, el desarme incondicional de Hezbolá y los campamentos palestinos y el desmantelamiento de sus vastas redes de pandillas armadas en todos los territorios libaneses.
Paradójicamente, ninguna de estas estipulaciones fue abordada abiertamente por la declaración de misión del gabinete, que se refugió detrás de vagas promesas políticas sin incidencia práctica. Las razones son obvias, ya que el primer ministro y su camarilla no están explícitamente comprometidos con el logro de los mandatos militares requeridos, ni han decidido establecer un umbral entre las dos eras. La lógica detrás de este curso político es ideológica, política y personal, ya que el triunvirato que controla el gobierno proviene de la militancia palestina que sembró las semillas de la destrucción del Líbano desde mediados de los años sesenta.
Por otra parte, las carreras políticas de estos titulares prosperaron a costa de la militancia palestina para promover sus fortunas. Aparte de las consideraciones ideológicas, estos perfiles no están en absoluto dispuestos a enfrentarse directamente a la militancia chiita por razones personales. Las razones prudenciales no son del todo convincentes, a pesar del rechazo tardío de Nawaf Salam al lema de Hezbolá, "pueblo, ejército, resistencia". Se suponía que la táctica del gobierno debía burlar los mandatos internacionales, trabajar para acomodar las agendas enfrentadas de la política de poder chiita y la noción degradada de soberanía nacional, y desplazar el epicentro de la política libanesa lejos del credo civil nacional y su configuración consociativa.
Los últimos errores de seguridad están lejos de ser accidentales. Reflejan el panorama político fracturado, las crisis endémicas de legitimidad nacional y las realidades de una gobernanza disfuncional. El nuevo jefe de Estado, Joseph Aoun, navega por las aguas turbias de un Estado fallido y no logra demostrar su voluntad de cumplir con los mandatos internacionales y romper con las entropías sistémicas que han corroído la inmunidad del Líbano y su capacidad para reconstruir su autonomía moral y política. Este interludio está llegando a su fin, y es muy probable que el Líbano pierda la rara oportunidad que se le ofreció para extraerse de las dinámicas destructivas de seis décadas de conflictos abiertos y fracaso estatal.
El obstruccionismo intencional de Hezbolá se correlaciona con la determinación de Irán de superar la destrucción de sus plataformas operativas en el Cercano Oriente y recuperar sus bastiones políticos. No es casualidad que los frentes de batalla en Gaza, las interfaces entre el Líbano y Siria y la violencia aleatoria de los hutíes se hayan reactivado. Irán considera que su última oportunidad para contener sus defensas tambaleantes es incitar guerras civiles, ampliar el radio del caos y los conflictos étnico-nacionales y reducir el alcance de la mediación diplomática y la resolución arbitrada de conflictos. Sin embargo, Irán ha perdido el control de la región y su capacidad de causar molestias ha disminuido. Las contrainsurgencias están proliferando y la política de poder internacional ya no se ve influida por el antiguo imperialismo iraní. La última etapa de este episodio tardío podría ser la confrontación con Irán, no con sus representantes.